La Conferencia Episcopal de Guatemala ha enviado un comunicado a la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida del 4 al 6 de junio en La Antigua, sobre el tema: "Para una política integral ante el problema de la droga en América". Con este motivo, se han presentado y aprobado resoluciones que afectan a la ética pública y persona, sobre la cual -dicen los Obispos- la Iglesia católica debe pronunciarse. «Es urgente que los gobiernos adopten medidas dirigidas a reducir la criminalidad y la pérdida de vidas humanas a causa del tráfico de droga», escriben los prelados, que subrayan la «implicación moral en la producción, comercio, distrobución y consumo». En particular, los Obispos de Guatemala, en comunión con el Episcopado de América, manifiestan su "preocupación" por "resoluciones que favorezcan la práctica del aborto" y afirman que los reglamentos que se desprenden de la Convención interamericana de Belém do Pará de 1994, que preveen la legalización del aborto, constituyen "una violación de la Constitución de Guatemala". No sólo. «El aborto es una violación del derecho natural a la vida del no nacido». El aborto es «un delito contra la dignidad y la vida de la persona humana totalmente inocente, indefensa e independiente». Por lo tanto, «la condena del aborto no se funda en un credo religioso, sino en el derecho inherente a toda persona a la vida, comprendido el nascituro». El derecho a la vida es un derecho superior y fundamental, el más fundamental, que precede y prevalece sobre el derecho de la mujer a no quedarse en cinta.